¿De quién son los menores? Ni se sabe. El caso de la secuestradora del hijo indultada es un ejemplo más. En su caso, el estado (o sea, el gobierno, ya que en este país, cada gobierno que llega secuestra al estado, porque estado solo hay uno y a nosotros nos encontró en la calle), lo ha dado como de ella, que lo secuestró porque era suyo, al parecer –menuda jurisprudencia–.
Si bien lo normal sea declarar la propiedad estatal de los menores, aunque sea en esa forma indefinida y ambigua del sí pero no, ni pa ti ni pa mí y según convenga, pero reservándose el derecho de admisión para cuando interese.
Así, esos menores violadores de una adulta, por los pelos (18), dejados en libertad, vigilada, por supuesto, pero por sus padres, que estarán ojo avizor, como hasta ahora, para que no violen a más gente, seguro, metiéndoles el puro, mientras la justicia se fuma otro. Sin embargo, con los menas marroquís, todo lo contrario.
En cambio existe todo un requilorio de tomos de disposiciones para expropiar niños bajo cualquier excusa de violación de sus derechos, incluidos apedrear viejos o cuidar perros (¿o era al revés?). Y más, si son pobres. Aunque los ricos se quejen menos de estas cosas, y no por insensibilidad, sino porque si un niño pobre siempre es una boca más, uno rico es como mínimo un escúter menos en el garaje.
En fin, que son tantas las pejigueras que se comprende que el estado no acaba de aclararse con la propiedad infantil, haciendo de perro del hortelano mientras los susodichos están como los pájaros de la vega. Y cuando les entra la justicia, es que ya da la risa. Por no llorar, claro.
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